El Ministerio de Economía transita la que, espera, será la última parte de las negociaciones técnicas con el Fondo Monetario Internacional que recalibre metas, desembolsos y pagos del acuerdo y avanzará en las próximas horas en una medida que buscará aliviar uno de los frentes que aparecía, a priori, como uno de los que más preocupación levantaba en el organismo: el programa financiero en pesos. Para eso, la Secretaría de Finanzas concretará esta semana el segundo canje de deuda en moneda local del año y apuntará a despejar más de 6 billones de pesos del próximo trimestre.

Durante los últimos días el Palacio de Hacienda realizó reuniones con ejecutivos de bancos privados, fondos comunes de inversión y aseguradoras para anticipar cómo sería la operación. Según pudo saber Infobae, este lunes se conocerá el llamado a licitación de la Secretaría de Finanzas y, posiblemente, el miércoles se realice el canje. En términos prácticos lo que buscará será descomprimir obligaciones de pago de este mes -cuya “torre” de vencimientos era más alta pero fue despejada parcialmente en una operación de conversión anterior en marzo- y, de manera más decisiva, de julio y agosto.

El canje tendrá lugar luego de un mes en que las licitaciones de deuda en pesos fueron favorables para el equipo económico, con un saldo de financiamiento neto -es decir, por encima de los pagos previstos- levemente mayor a los $500.000 millones, con una oferta de títulos del Tesoro con marcada presencia de bonos atados o bien a la inflación o a una eventual devaluación del tipo de cambio oficial.

De acuerdo a un informe de Invec, el nivel de recolección de pesos del mercado doméstico en las dos colocaciones de bonos de mayo fue “el mayor del año en términos reales (un 120% superior al promedio de enero-abril)”, estimaron. Eso se dio porque la cantidad de pesos de fondeo por licitación de bonos alcanzó un roll over (es decir, porcentaje de cobertura de vencimientos) de 147 por ciento, unos 23 puntos porcentuales más que un mes antes. Dicho más simple: consiguió 47 pesos más por cada 100 que necesitaba. En mayo, incluso, no hubo en la oferta a los inversores bonos duales, que protegen al mismo tiempo contra inflación o devaluación.

“Así, en lo que va de 2022 el Tesoro alcanzó un roll over del 132%; que, si bien aumentó 6 puntos porcentuales en relación con el mes anterior, aún está bastante por debajo del valor del año pasado (147 por ciento). Además, si se analiza el financiamiento neto real acumulado, este fue un 13% menor al obtenido en enero-mayo de 2022?, matizó Invecq.

En tanto, registró que a lo largo de mayo “volvieron a mejorar los plazos de colocación”. En ese plano, destacó que “el Tesoro colocó títulos a 8,7 meses en promedio, frente al 8,2 de abril y el 4,5 del primer trimestre. De todas formas, cabe destacar que el plazo sigue siendo mucho menor que el de los primeros cinco meses de 2022 (11,8)”, indicó la consultora.

Por último, mencionó que “la contracara de los mayores plazos es sin lugar a duda la creciente indexación de la deuda. De hecho, durante mayo el 98% del financiamiento neto obtenido fue a través de la colocación de títulos indexados -ya en abril había sido del 94%-. En detalle: el 75% de lo colocado está atado a CER -el mayor share desde mayo de 2022-, el 23% a la evolución del dólar, y solamente el 2% fue a través de Lelite (letra suscrita por Fondos Comunes de Inversión, cuya TEA aumentó considerablemente a 139,3% -vs. 107,8% en abril-)”, concluyó Invecq.

LCG también hizo un balance de cómo continuó el programa financiero en mayo. “Prácticamente la totalidad de lo colocado fue deuda indexada: 81% por CER y 18,6% por tipo de cambio. Tan sólo el 0,7% provino de una letra a descuento (Lelite) con vencimiento a 15 días. La duration promedio se ubicó en casi 10 meses”, mencionaron.

Portfolio Personal Inversiones, en tanto, aseguró que “a simple vista, el Ministerio de Economía fue generoso con las tasas de colocación de los instrumentos, en especial, en las alternativas de corto plazo que mayor atención levantaban en el sector privado”. Las últimas dos consultoras coincidieron en las dificultades que asomaban para los próximos meses a la hora de conseguir financiamiento y es en ese contexto en que tomó fuerza la idea de un nuevo canje que estire vencimientos al año que viene y 2025.

“De cara a los próximos meses, los compromisos suman $1,4 billones en junio y se elevan a $4,6 billones y $2,2 billones en julio y agosto. Será un desafío para Finanzas conseguir renovarlos y obtener financiamiento extra para cerrar la creciente brecha fiscal”, consideró LCG mientras que PPI sumó, como detalle, que para el caso de junio el 78,4% del total de obligaciones de pago corresponden al sector privado.

Para julio y agosto, hay un elemento que le quita presión al canje: la mayor parte de los vencimientos de ese bimestre está en manos del sector público, del cual la enorme mayoría, esperan en los despachos oficiales, ingresen a un eventual canje. Solamente, especulan en los despachos oficiales, pueden tener menos incentivos para ingresar algunos fideicomisos que administran pagos de obra pública, y tienen, por ese motivo, menos posibilidades de alargar sus tenencias de títulos públicos hasta el año próximo.

En términos generales, los funcionarios consultados aseguran que ven posible estirar la mayor parte de esos vencimientos más allá de este año, y que queden así pagaderos en 2024 y 2025, una alternativa que fue concretada ya en la operación de conversión de marzo y luego con la reapertura de distintas licitaciones de bonos indexados a inflación o dólar con esos plazos.

Para el segundo semestre la ecuación de la primera mitad del año -la mayor parte de los vencimientos era con tenedores privados y la menor, con públicos- se invierte. Para eso, en Finanzas todavía mantienen sobre la mesa una opción que está en estudio desde hace algunas semanas pero que aún no fue activada y que implicaría un canje masivo de bonos en manos de organismos oficiales con vencimientos largos, entre 2026 y 2027.

Con el ministro de Economía en China la semana pasada, los dos principales interlocutores del Palacio de Hacienda con el FMI, el jefe de asesores del Ministerio de Economía Leonardo Madcur y el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, continuaron con negociaciones virtuales diarias con la contraparte técnica del Fondo Monetario.

El reloj marca que se acerca, dentro de poco menos de un mes, una fecha clave: los próximos vencimientos con el Fondo por USD 2.700 millones, para lo cual el Gobierno necesitará de un desembolso. Por lo pronto, en el Palacio de Hacienda se aferran a que en la semana del 12 de junio pueda ser oficializado el acuerdo, con un movimiento que incluya, en la misma semana en que se conocerá la inflación de mayo, un viaje de Massa a Washington.